El Gobierno de Page no se personó en el juicio contra el médico condenado por abusos sexuales

La Junta de Castilla-La Mancha que preside el socialista Emiliano García-Page no quiso personarse en el juicio por los abusos sexuales cometidos por un médico de la Sanidad pública a cuatro mujeres en Alcázar de San Juan. De esta manera, evitó posicionarse del lado de las víctimas a pesar de que la Junta presume de gastarse 45 millones de euros al año en políticas para promocionar y proteger a la mujer. Llueve sobre mojado: en el caso del celador del hospital público de Guadalajara que agredió sexualmente a una paciente de 18 años, los servicios jurídicos del Gobierno de Page se pusieron del lado del abusador.

Los abusos sexuales de Alcázar de San Juan fueron cometidos por un médico del servicio de urgencias entre los años 2015 y 2017. Las afectadas, que no denunciaron inmediatamente lo ocurrido por temor a que no las creyesen, se conocieron años después a través de una publicación en redes sociales. Un familiar de una de las agredidas contó lo que había ocurrido, los tocamientos de ese facultativo, y fueron saliendo más casos de mujeres que se identificaron con el mismo abuso por parte de ese facultativo.

A pesar de que el médico que abusó de las 4 mujeres (fueron más pero sólo interpusieron denuncia cuatro) reconoció los hechos en el juicio, el Servicio de Salud de Castilla La-Mancha (Sescam) evitó personarse en el proceso penal y, así, no tener que tomar ninguna posición, lo que en la práctica supuso no sumarse a la acusación y no apoyar a las agredidas.

Más casos

Este es el segundo caso que aflora en menos de un mes de abusos sexuales cometidos por profesionales de la Sanidad pública del Gobierno autonómico de Emiliano García-Page y en los que la actuación del Ejecutivo está en entredicho, por no haber respaldado a las víctimas frente a sus abusadores.

La actitud del Gobierno socialista de Page choca con los persistentes discursos sobre prevención y persecución de los delitos sexuales. De hecho, este Ejecutivo regional del PSOE ha llegado a ponerse caso del lado de un agresor para intentar eludir la responsabilidad civil subsidiaria que también le corresponde a la Junta como titular de sus servicios sanitarios, que fue el caso ocurrido en el hospital de Guadalajara.

Aquellos abusos se cometieron el 23 de julio de 2020. La joven tenía en ese momento 18 años y era paciente de larga estancia. Llevaba casi mes y medio ingresada por un trastorno de conducta alimentaria en una planta donde era difícil el acceso ya que estaba cerrada con llave. El celador, en este caso, aprovechó la situación de soledad y vulnerabilidad de la víctima para abusar de ella. Fue tanta la falta de ayuda activa hacia la joven que incluso resultó relevante a los magistrados que juzgaron el caso. Como ya adelantamos en OKDIARIO, la sentencia lo dejaba claro. «No se acredita que se le hubiera propuesto en firme un posible traslado de hospital», afirmaron los magistrados, que añadían esa coletilla pese a que se trataba de un dato que en nada influía en la condena.

En este caso, la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha remató su actuación cuando llegó el juicio contra el celador y, en vez de sumarse a la acusación ejercida por la víctima y por la Fiscalía, se alineó con el agresor y pidió su absolución, como destapó en exclusiva OKDIARIO. Previamente, el hospital en el que se produjeron los abusos sexuales había mantenido el contrato de trabajo temporal del que disfrutaba el celador. En año y medio no fue capaz de concluir un expediente disciplinario fulminante que terminase con el contrato temporal del que disfrutaba el abusador por una falta de tan extrema gravedad, haberse aprovechado de una paciente hasta el punto de practicarle una penetración oral y eyacular en su boca.

En este caso, la Junta de Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García-Page, se puso judicialmente del lado del celador que abusó sexualmente de una paciente de 18 años. Tal y como consta en la sentencia que adelantó OKDIARIO, la Administración autonómica se alineó «en el mismo sentido» que el abogado del celador y pidió su absolución. La Fiscalía sí apoyó a la víctima. El celador acabó condenado a cuatro años de prisión, aunque ha recurrido la sentencia.

Protocolo

Mientras tanto, el Instituto de la Mujer de Castilla La-Mancha cuenta este año con un presupuesto récord de 47 millones de euros, el triple que en  2015. Según presume la propia directora del Instituto, Pilar Callado, uno de los apartados con mayor esfuerzo de presupuesto es precisamente el de la prevención y lucha contra la violencia de género, que cuenta con 25 millones de euros, cinco más que en el año 2022.

La inhibición del Gobierno de Page con las víctimas de abusos sexuales en su Sanidad pública también contrasta con los fondos que presume gastarse en un programa específico llamado ‘Contigo’, dedicado a la «prevención e intervención integral en materia de agresiones y abusos sexuales en Castilla-La Mancha». Está dirigido a las mujeres mayores de 18 años víctimas de agresiones o de abusos sexuales fuera del ámbito de la pareja, «con un carácter integral y especializado». Según publicita el Gobierno de Page, prestan un servicio de «asistencia psicológica con un carácter integral y especializado», con el fin de «proporcionar herramientas para mejorar la autoestima y situación de las víctimas y de sus familias».